Polvorín
José Ángel Solorio Martínez
El incumplimiento del
contrato de Hugo de la Garza Tamez con el gobierno de Tamaulipas –no entregó a
tiempo la remodelación de la Torre de Cristal-, debe ser un asunto del Congreso
del estado. Independientemente de que el contratista se ha hecho acreedor a una
sanción administrativa, el Poder legislativo tiene la obligación de llamar a cuentas al empresario, incluyendo al
Secretario de Obras Públicas. 57 millones de pesos no es una cifra pequeña; y
más, porque el dinero público escasea y las exigencias sociales son
inagotables.
El asunto
requiere una investigación a fondo.
Sobre
todo porque esos contratos de asignación directa –o lo que es igual: ganados mediante
licitaciones fingidas- no pueden ser explicados sin el tráfico de influencias
de sus poderosos hermanos: el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de
Tamaulipas, Hernán de la Garza Tamez y el Secretario de la Sedesol estatal
Homero de la Garza.
La
historia del contratista fraudulento es larga.
Muy
larga.
Tan larga
como aviesa y productiva.
El
Congreso que trémulamente dirige Ramirito Ramos, tiene un grande reto frente a
sí: explicar a la ciudadanía por qué existe tanto atraco con los recursos del
pueblo.
La tribu
de la Garza Tamez, hasta eso: no es muy grande.
A
contrapelo, son una tercia con amplio apetito.
¿A dónde
van a recurrir para solicitar Justicia tanto y tanto agraviado por el trío, si
uno de ellos es parte prominente del Supremo Tribunal de Justicia?..
¿Con
quién van a recurrir los trabajadores inconformes para demandar justicia
laboral, si el Secretario del Trabajo de Tamaulipas es tratado como subordinado
por Homero de la Garza?..
Justamente,
ahí está la esencia del tráfico de influencias.
Obligada
tarea para el Congreso.
Gratuita
munición para la oposición.
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