CISLE,A.C.
A raíz de las denuncias en los medios de comunicación de la corrupción en varios estados, existe la percepción generalizada de que la corrupción se incrementó; pero lo que aumentó es su denuncia en los medios.
En las últimas siete décadas del siglo pasado, la corrupción y su impunidad se volvió una costumbre en todos los niveles de gobierno y empresas estatales. El que un gobernador, secretario de Estado o funcionario de cualquier nivel saliera rico de su puesto era natural. También lo era que empresarios ligados a esos funcionarios se volvieran ricos como prestanombres u operadores de los recursos tomados de las arcas públicas o por negocios realizados a la sombra de privilegios e información de sus socios funcionarios.
En el libro “Los ricos del gobierno” explico con más detenimiento cómo la corrupción pasó a formar parte de nuestra vida cotidiana. A partir del año 2000, con la llegada de otro partido diferente al PRI a la Presidencia salen a la luz pública diversos actos de corrupción. Aunque a nivel federal continúa la corrupción, se reduce y no es porque todos los panistas entrantes fueran honestos, sino porque antes los tres poderes de Gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial se tapaban con la misma cobija.
La lucha entre los partidos deriva en acusaciones mutuas de corrupción que llevan a muchos funcionarios a frenar sus ambiciones y a otros a disminuirlas. Por otro lado, la introducción del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) empezó a transparentar el uso de los recursos públicos en el gobierno central.
La relativa disminución de la corrupción a nivel federal se compensó con un aumento en estados y municipios, que al ya no ser el Presidente del mismo partido de los gobernadores, varios de ellos se escudaron en que gobernaban estados libres y soberanos y los Alcaldes “municipios libres”, para no dar cuenta de los recursos manejados y saquear impunemente las arcas estatales o municipales.
Si queremos una substancial reducción de la corrupción se debe extender el IFAI a todos los estados y municipios y tipificar como delito federal toda desviación de recursos cometida por cualquier funcionario público de los tres niveles de gobierno. Sólo así habrá una disminución estructural de la corrupción.
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