Luis Pazos
Uno de mis maestros, el Dr. Alberto Benegas Lynch, argentino, me recordó que dividir la educación en pública y privada es un error, pues las llamadas escuelas privadas también son públicas. El público es quien al inscribir a sus hijos libremente y pagando en una escuela privada, les da un voto de confianza y las hace rentables. Si queremos utilizar una división, tendríamos que hablar de educación gubernamental o estatal y educación ciudadana, pues una es la brindada por el Estado y otra por los ciudadanos o sociedad civil.
Mi maestro, Carlos Llano, quien recientemente falleció, dejando un hueco difícil de llenar en la educación en México, decía que las empresas llamadas privadas son más públicas que muchas de las llamadas públicas, pues la mayoría de éstas últimas funcionan con subsidios y muchas veces el público no queda satisfecho con su servicio, pero no tiene alternativas, porque son monopolios.
Las llamadas empresas privadas, que funcionan en un entorno de competencia, decía Carlos Llano, dependen del público, pues con su preferencia las mantienen, por ello tienen que servirle mejor, si quieren sobrevivir y ganar dinero.
En un país democrático y moderno, la función del Estado no es reservarse privilegios ni subsidios con la excusa de que una empresa o institución educativa es pública. Deben crear un ambiente de competencia donde los ciudadanos, quienes a través de impuestos o cuotas pagan la educación gubernamental y la ciudadana, tengan la libertad de decidir entre diversas escuelas y universidades para obtener una mejor educación. Ese objetivo puede alcanzarse con el llamado “bono educativo”, que deben tomar en cuenta autoridades y legisladores si quieren optimizar los recursos destinados a la educación.
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