El Fogón
José Ángel Solorio Martínez
Río Bravo merece un mejor
destino.
Y más aún: un amable presente.
En esa orientación y tarea, el gobierno
municipal y estatal, tienen la obligación de armar convergencias. Por una razón
fundamental: la sociedad tiene ideas y propuestas para remontar ciertos
desafíos del desarrollo social -sobre todo en los servicios públicos-; pero, los gobiernos tienen los recursos y los instrumentos
para concretarlos.
No debería haber
distanciamiento entre ambos niveles de gobierno.
Los dos,
son del mismo partido.
El
origen de la candidatura y el arribo del alcalde Rogelio Villaseñor a la
alcaldía parece ser el elemento que nutre un absurdo distanciamiento entre el
poder municipal y la administración estatal evidenciado en el magro apoyo
gubernamental para el Ayuntamiento que capitanea el agricultor.
A más 100 días de gobierno,
Villaseñor no ha iniciado una sola obra o acción relevante. Y como para marcar
ese alejamiento, ha sido invitado por el gobierno del estado, a asistir a
eventos en los cuales los actores principales son las autoridades de Reynosa;
como invitado de palo, el munícipe ha visto no sin cierto resquemor millonarios
apoyos para la inversión en obra pública al vecino municipio.
Si la
práctica continua, el trienio será una larga y negra noche para los
riobravenses y su gobierno.
La falta
de flujos de circulante a la administración ya prohijó roces políticos al
interior del Ayuntamiento. Los regidores –la mayoría, 12 para ser exactos- ya
han dado muestras de desacuerdos con el jefe de la Comuna: rechazaron su
propuesta para incrementar la carga arancelaria a comerciantes por el uso de
mamparas publicitarias en el equipamiento de la ciudad.
El fondo
de la irritación interna es el sueldo de los ediles. Se les han mantenido 12
mil pesos a la quincena, pero se les canceló la compensación.
Como los contadores profesionales
saben, en áreas de gobierno la compensación es utilizada como forma de
racionalizar recursos: los aguinaldos se pagan en función del salario nominal.
La medida es un ganar-ganar: los regidores no pagan impuestos por las
compensaciones y la autoridad no paga aguinaldo por el global de esa
indexación.
El
equipo de Villaseñor, desconoce esa medida. Y ha metido en una confrontación
innecesaria a su jefe con sus pares: un cada vez más creciente bloque rebelde
en el Ayuntamiento.
A esos
efectos del escenario político regional, se suman otros elementos que hacen ir
cuesta arriba a la administración de Rogelio: su inexistente vínculo con los
resortes que vinculan la estructura financiera estatal y federal con el
municipio.
Desde inmemoriales tiempos, una
herramienta para gestionar recursos materiales y políticos de la capital es el
diputado local.
El
legislador –aparte de hacer y votar Leyes- es una funcional armella para
acercar a los gobiernos municipales con las instituciones estatales.
Abre puertas de Secretarios;
facilita el acercamiento con el Congreso del estado –nomás hay que recordar una
función obligada de los diputados: revisar las cuentas públicas de los
Ayuntamientos- y sobre todo: ser interlocutor entre el gobernador y los
presidentes municipales.
Rogelio
está confrontado con el diputado riobravense, Diego Guajardo.
De la
misma manera, el diputado federal es un eficaz conductor para amarar acuerdos
entre los alcaldes y las dependencias federales: PEMEX, Hacienda, IMSS, ISSSTE,
etc.
Rogelio
carece de puentes, con el parlamentario panista Alejandro Llanas.
La
autoridad riobravense tiene la obligación de conducir con serenidad y sapiencia
nuestra casa común que es Río Bravo. Se deben hacer ajustes. Se tienen que
incorporar prácticas político-administrativas, que aporten crecimiento y
desarrollo a la ciudad. Hay que cambiar lo que ha demostrado no funcionar.
El
primer interesado, debe ser el jefe edilicio.
Para el
gobierno de estado, es una alegre comodidad que esos rotos puentes sigan sin
reparar.
100
días, en el limbo, son muchos.
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