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| Maestro: Luis Pazos |
La Opinion de...
Maestro: Luiz Pazos
Henry Hazlitt afirma en el libro
“Los fundamentos de la moral” que muchos ciudadanos, empresarios y
gobernantes solo consideran los efectos a corto plazo de las decisiones
que toman, sin evaluar sus consecuencias a mediano y largo plazo. Hazlitt
señala que las acciones que nos dan un beneficio fácil y sin esfuerzo a
corto plazo, en casi todas las circunstancias de la vida, además de no ser
sostenibles, generalmente tienen efectos negativos a mediano y largo plazo.
En los Estados Unidos el Presidente
Obama implementó el llamado “Obamacare”, que abarata y facilita seguros médicos
a millones de norteamericanos, lo que a corto plazo es positivo y popular, pero
a mediano y largo plazo implica menos empleos, al subir los costos a las
empresas por empleo creado. También significa un mayor gasto y deuda pública,
para subsidiar seguros baratos, por debajo de su costo comercial.
Obama lucha contra los republicanos
para aumentar el techo de la deuda, lo que a corto plazo estimula la economía y
permite pagar deuda con más deuda, pero a mediano y largo plazo el
endeudamiento excesivo es causa de inflaciones o recesiones, como lo mostró
la crisis de EUA en el 2008 y sus repercusiones en Europa.
En México, la reciente miscelánea
fiscal del Ejecutivo le permite al gobierno aumentar ingresos y gastar más a
corto plazo, pero a mediano y largo plazo, al transferir más recursos del
sector productivo a un gasto improductivo, reduce la creación de empleos
productivos, del crecimiento económico y los atractivos para que inversionistas
extranjeros vengan a crear más empresas y empleos en México.
El gobierno con nuevos impuestos
selectivos y el aumento de tasas puede resolver un problema de flujo y obtener
a corto plazo más recursos para mantener un gasto creciente y tapar
los hoyos que en los dos sexenios pasados dejaron varios gobernadores, que se
endeudaron irresponsablemente y desviaron recursos, y así evitar un aumento desmedido
del déficit presupuestal, pero a costa de abandonar la reforma fiscal que
necesita México.
Los verdaderos estadistas, muy
contados en México y el mundo, son los que toman decisiones no solo por los
resultados en el corto plazo, que para ellos es el tiempo en el que están en el
poder, sino también considerando los beneficios a la sociedad que gobiernan a
mediano y largo plazo, es decir, más allá de sus mandatos, como es el caso de
reformas estructurales hacia el camino correcto.
¿Más impuestos o menos gasto?
El Ejecutivo primero fijó una meta
de gasto y después buscó aumentos de impuestos para alcanzarla. Lo correcto,
como lo manda la Constitución en su art. 74 fracción IV, es limitar el gasto a
los ingresos reales esperados. Por ello el Congreso primero aprueba la ley de
ingresos y con base en esos ingresos el presupuesto de egresos o gastos. Ese
artículo lleva implícita la obligación de mantener un equilibrio presupuestal,
pero no es interpretado así por los actuales gobernantes, por ello hay la
necesidad de modificar la Constitución y dejar explícita la prohibición al
ejecutivo de ejercer un presupuesto deficitario.
Aunque hay subejercicios en
2013, no es ese transitorio menor gasto el factor principal que generó la baja
del PIB, sino la incertidumbre sobre la capacidad del nuevo gobierno de
concretar las reformas estructurales como deben ser. Ante un entorno
internacional de escasez de capitales es necesario contar con leyes laborales,
fiscales y energéticas competitivas para atraerlos e incrementar la inversión,
único detonador de crecimiento duradero.
La mayoría de los nuevos impuestos y
mayores tasas inhiben la inversión, el empleo y el crecimiento. Aumentar el
Impuesto Sobre la Renta del 30 al 32%, que se traduce en impuestos reales de
alrededor del 40% para muchas empresas, reduce la capacidad de inversión a
empresas pequeñas, medianas y grandes.
La progresividad fiscal viola el
art. 31 fracción IV de la Constitución: ”contribuir para los gastos públicos…
de la manera proporcional y equitativa”. Los impuestos progresivos, además de
frenar el crecimiento, son inconstitucionales. Un impuesto proporcional implica
la misma tasa para todos, aunque el que gasta más paga más y el que obtiene más
ingresos también paga más, pero no se castiga inequitativamente al sector de
altos y medianos ingresos, que son la principal fuente de inversión y empleos
formales.
La salida correcta al bajo
crecimiento y desequilibrio en las finanzas públicas es reducir y transparentar
más el gasto público en los tres niveles de gobierno. Hay mucha tela de donde
cortar: gastos inútiles, ineficientes y que con el disfraz de sociales sirven
para repartir dinero a grupos organizados y fines electorales.
Seguro de desempleo, simulación y burocracia
Una política fácilmente vendible para
quien no hace un análisis de costo-beneficio es la del seguro de desempleo, que
implica que quien pierda su empleo reciba dinero de nuestros impuestos a través
del Estado. Los que trabajan transfieren recursos a los que no trabajan. Para
unos implica solidaridad social y, según algunos economistas keynesianos, ayuda
a sostener un nivel de gasto que evita una baja en la actividad económica, pues
los desempleados teóricamente no tienen ingresos ni gastos.
El primer problema del seguro de
desempleo es definir a quiénes se les considera desempleados, concepto
variable y subjetivo. El segundo, identificar que los considerados desempleados
lo estén realmente, para lo cual se necesita un ejército de supervisores, pues
muchos de los que aplican al seguro de desempleo tienen un empleo informal
difícilmente detectable. Implementar un seguro de desempleo implica
cuantiosos recursos para armar un aparato burocrático que identifique,
apruebe, distribuya y supervise que el dinero llegue realmente a desempleados
que carecen de recursos para subsistir.
Si en los países desarrollados, con
mayor organización y recursos fiscales esa política es una carga que presiona
el déficit público, qué podemos esperar en un país donde el ingreso fiscal/PIB
es la mitad que en aquellos.
Entre más pobre es un país, más
desequilibrios causa en sus finanzas ese tipo de programas.
En cuanto a los programas llamados
sociales para los más pobres, los únicos que funcionan aquí y en China son los
que crean las condiciones para que en las zonas de mayor marginalidad se creen
fuentes de trabajo. Todos los demás programas sociales son burocrático-electoreros
que no combaten la pobreza estructuralmente.
En Estados Unidos el seguro de
desempleo se convirtió en una forma de vida, por lo cual lo han restringido y
se considera una carga que ha generado más gastos que beneficios. En España y Francia
es un refugio de flojos y mañosos, que en lugar de trabajar se la pasan
llenando papeleo para calificar en el seguro de desempleo. En todos los países
europeos van de regreso de la aventura del seguro de desempleo y si sigue vivo
es por el costo político de suprimirlo totalmente. En un país donde hay más
trabajadores informales que formales, como México, instrumentarlo puede crear
un hoyo fiscal difícil de llenar. Aumentarán más rápido los inscritos en el
seguro de desempleo que los nuevos empleados que con sus impuestos pagan el
seguro de desempleo.
En México no se requiere un seguro
de desempleo, sino más empleos, para lo cual son necesarios mayores niveles de
inversión, que se verán reducidos al destinar recursos a organizar la burocracia
para dispersar y entregar el seguro de desempleo. Un seguro de desempleo
aumenta los índices de desempleo y baja la productividad, pero si hay un
compromiso con el corporativismo sindical de implantarlo, caeremos en el baile
de un paso pa ‘delante y dos para atrás.
Impuestos a alimentos ¿para evitar la obesidad?
Los impuestos a refrescos, botanas,
dulces y chocolates, entre otros alimentos, los justifican la mayoría de los
legisladores porque causan obesidad y son precursores de enfermedades. Es
cierto, si se consumen en exceso, pero lo mismo pasa con el 90% de los
alimentos básicos en la dieta de la mayoría de los mexicanos: tacos de
cochinita, tortas de jamón y queso, pan, huevos, carne de res, de pollo, leche
y tortillas, los que generan obesidad si se consumen en exceso. Al
igual que las bebidas con azúcar en exceso generan diabetes, comer
productos derivados de animales sube el colesterol, tapa las arterias y
produce enfermedades del corazón.
Es loable todo esfuerzo para reducir
enfermedades asociadas a una mala nutrición y a excesos en el beber y comer,
pero en ningún lugar del mundo se ha mejorado la salud de los ciudadanos
poniendo impuestos a los alimentos con un alto contenido de calorías o de
grasas animales. También los excesos en el consumo de la mayoría de las
medicinas producen efectos dañinos al cuerpo, por lo que se les podría ocurrir
a algunos legisladores que con ese pretexto les pongan un impuesto
especial.
Dejemos a un lado excusas que
encubren la necesidad del gobierno de recaudar más recursos en forma arbitraria
y selectiva, violando el principio de generalidad de la ley. Mejor apliquemos
un IVA en principio del 5% a todos los alimentos y medicinas, a la vez
que bajamos gradualmente el IVA existente del 16% hasta tener uno del 10% para
todos los bienes y servicios, sin excepción en todo el país, y se reduce
gradualmente el ISR hasta el 20%. Así tendríamos un sistema fiscal competitivo,
con menos tasas generales, con una mayor base de contribuyentes, donde
pagan más los que más consumen y menos los que producen. Ese sistema sería de
los más adelantados del mundo y ayudaría a elevar el empleo, la inversión
y el crecimiento a niveles iguales a los de China.
La competitividad de los impuestos
Hasta la década de los 70, los altos
impuestos en un país normalmente se trasladaban al consumidor como un costo más
de las empresas. Altos impuestos se reflejaban en mayores precios, menos
empleos y un menor nivel de vida real para la mayoría de los habitantes de un
país.
Cuando la mayoría de los países
vivían en economías cerradas y los mercados estaban aislados por la falta de
comunicaciones y contactos, el consumidor pagaba un 50% o más por un producto
que en otros países, debido principalmente a que la mayoría de los
impuestos se trasladaban a las mercancías. La diferencia de precios
finales era enorme de un país a otro. Las desigualdades de precios se
compensaban parcialmente con el contrabando. Esos fenómenos todavía se dan en
economías administradas por gobernantes con mentalidades autoritarias y
anticuadas, como en Venezuela.
La revolución tecnológica en los
transportes y las comunicaciones marítimas, terrestres, aéreas y telefónicas,
generó la llamada globalización. Esa nueva realidad social vuelve obsoletas las
fronteras y el proteccionismo. Internacionaliza los costos, los precios y la
productividad. Esa globalización tiende a igualar los costos de todas las
mercancías y a desplazar aquellas cuyos precios están por arriba de
los promedios del comercio internacional. Ahora, los altos impuestos no sólo
encarecen los productos, también generan la quiebra de empresas, su
desplazamiento a otros países y más desempleo.
En el siglo XXI los gobiernos ya no
deben –a riesgo de quebrar a sus productores- mantener o incrementar impuestos
únicamente basados en sus necesidades, sino condicionar sus políticas fiscales
a las de los países vecinos y competidores en todo el mundo.
En un mundo globalizado, los costos
de los gobiernos son un factor determinante para la competitividad
internacional de las empresas. Y esto parece no entenderlo muchos legisladores
y gobernantes en México.
Efectos del aumento de impuestos
Una reforma estructural es parecida
a los cimientos de una casa, son para largo plazo. Los cambios fiscales
recaudatorios pueden aumentar ingresos a corto plazo, pero a mediano y largo
plazo inhiben el empleo y el crecimiento.
El reciente incremento de impuestos
pasa por alto que la principal fuente de inversión, empleos y crecimiento son
las ganancias de los accionistas de las empresas, aumentarles los
impuestos reduce, como ya lo comentamos, las cantidades disponibles para la
creación de empleos productivos y el crecimiento de la actividad económica.
La “traslación fiscal” implica
que al aumentarle la carga impositiva a las empresas, si pueden la transfieren
a los precios, reduciendo la capacidad de compra de los consumidores, si no
pueden y la absorben, reducen su crecimiento, que es la principal fuente de
empleos y producción.
La llamada Curva de Laffer nos
enseña que un aumento de impuestos no implica un incremento equivalente en la
recaudación, llega el momento en que a mayores impuestos menor recaudación. Una
economía, sin que otras condiciones cambien, que crezca al 6% con impuestos
bajos recauda más que otra que crece al 2% con el doble de tasas de impuestos.
Aumentar los impuestos, que es el costo del gobierno, no necesariamente aumenta
la recaudación a largo plazo. Pasa lo mismo que en las empresas, donde
aumentar precios no implica incrementar proporcionalmente los ingresos, aun en
los monopolios.
El éxito del crecimiento de
economías como la chilena, con un bajo Impuesto Sobre la Renta y alto impuesto
general al consumo, es que hace más atractiva la inversión que el consumo. En
el 2013 dicha economía crecerá tres veces más que la mexicana. Al aumentar los
impuestos a empresarios, los inversionistas internacionales reducen su interés
por crear empresas y empleos en México.
Aunque los recientes aumentos de
impuestos pueden ayudar al gobierno a un mayor flujo de recursos en el corto
plazo, estructuralmente, a mediano y largo plazo repercutirán en menos empleo,
reducción de la actividad económica, bajo crecimiento y, por lo tanto, en una
menor recaudación fiscal.
Al aumentar los impuestos a
empresarios, que los partidos de izquierda en México les llaman “los ricos”,
los inversionistas reducen su interés en crear más empresas y empleos en
México, y al haber menor creación de riqueza, habrá menos que repartir, aunque
se aumente los programas burocrático- electorales para dar teóricamente riqueza
a los pobres a costa de reducir su creación.
En síntesis:
1. Aumentar impuestos
no es una Reforma fiscal estructural solo una miscelánea fiscal recaudatoria
2. México necesita
para crecer y crear empleos productivos más inversión privada, no más impuestos
ni más gasto público
3. Legisladores deben
reducir gasto público en lugar de aumentar impuestos para evitar aumento de
déficit presupuestal
4. Principal problema
fiscal de México es falta de rendición de cuentas y transparencia en gasto de
estados y municipios
5. La evasión fiscal
no es la principal causa de pobreza y desempleo, sino el despilfarro y desvío
del gasto público
6. Está claro a
quienes les van a subir impuestos pero no en que se van gastar ni a quienes van
a beneficiar
7. Impuestos
proporcionales, constitucionales, paga más quien más gana; progresivos,
inconstitucionales y frenan inversión y crecimiento
8. Chile, PIB 4.3% e
inflación 2.4% para 2013; impuesto a empresas del 20%, IVA general del 19%,
ingreso fiscal/PIB el doble que México
9. Más impuestos a las
maquiladoras, implica que vendrán menos y algunas de las que ya están se irán
10. Calvario de
contribuyentes, que ante leyes confusas son extorsionados por funcionarios del
SAT en varios estados, debe terminar
11. Leyes que dan más
poder y discrecionalidad a funcionarios sobre contribuyentes no se traducen en
más recaudación sino en más extorsiones
12. Leyes fiscales
deben sancionar a funcionarios del SAT que acusen a contribuyentes de evasión
manipulando leyes para chantajearlos
13. Código fiscal y
Ley de aduanas deben simplificarse para evitar la extorsión por funcionarios deshonestos
14. Nuevas leyes para
evitar la evasión deben ir acompañadas por otras que eviten el desvío,
despilfarro y robo de impuestos
15. Reforma fiscal
estructural correcta debe ampliar base gravable mediante un IVA general,
reduciendo gradualmente la tasa de lo ya gravado del 16% al 10% y de los no
gravados iniciar con 5% hasta alcanzar gradualmente el 10%, reducir
gradualmente el ISR hasta el 20%.
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