Es la Opinión del Maestro Luis Pazos
Objetivo muy
loable que el Poder Ejecutivo y Legislativo busquen un ambiente de mayor
competencia, pero varios legisladores y funcionarios toman el camino equivocado
al sobre reglamentar sectores para teóricamente fomentar la competencia y
confunden empresa grande con monopólica.
Legisladores y funcionarios deben
tener claro la diferencia entre monopolio natural y artificial. El natural es
cuando una empresa logra un lugar preponderante en el mercado con mayor
calidad, menores precios y la preferencia del público, sin que existan barreras
y prohibiciones para que cualquier persona o empresa pueda ofrecer los mismos
artículos y servicios de la empresa preponderante.
El gobierno debe reducir barreras y dar
facilidades generales a los que quieren entrar a producir en cualquier sector,
sin dividir o limitar a las empresas grandes, como sucedió el siglo
pasado en el campo, al dividir latifundios en minifundios improductivos y
limitar la superficie de la tierra para cada agricultor.
El monopolio artificial, que es el
más dañino, se da cuando una empresa estatal o privada mantiene un lugar
preponderante en el mercado, gracias a privilegios o leyes que prohíben a otros
competidores dedicarse a la misma actividad. Ese tipo de monopolios son los que
deben combatir la Comisión Federal de Competencia Económica, lo que implica
suprimir privilegios, leyes, reglamentos y barreras que el mismo gobierno
levanta a través de leyes y reglamentos.
La lucha contra los monopolios y el
fomento de la competencia no debe ser excusa para crear más reglamentos,
controles y limitaciones a las empresas exitosas, que se traduzcan en
disminución de su inversión, creación de empleos y crecimiento. Las políticas
que llenan de trámites y permisos un sector, reducen el número de nuevos
competidores, pues aumenta los costos para iniciar una nueva empresa. En nombre
de la competencia, la sobre reglamentación llena de piedritas el camino
para una mayor competencia.
Es preocupante que una empresa que
quiere vender restaurantes a otra, tenga que esperar por meses un permiso de la
Comisión Federal de Competencia Económica para realizar esa transacción,
lo que implica aumento de costos y burocracia innecesaria que reduce la
competitividad de las empresas y de la economía mexicana.
Sigue los
Comentarios del Profesor de Economía Política Luis Pazos
en twitter: @luispazos1 o
escríbele al correo lpazos@prodigy.net.mx
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