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| Mtro: Luis Pazos |
Una de las causas por la que la mayoría de los actos de
corrupción en el gobierno quedan impunes es debido a que las acusaciones
presentadas, según los jueces, carecen de sustento para que sean condenados los
responsables. Entre algunos miembros del Poder Judicial prevalece lo que llamo
“fariseísmo jurídico” o doctrinalmente lo podemos ubicar como un kelsenianismo
radical, es decir, yo me concreto a cumplir con las formas de la ley.
Esa posición de
muchos juzgadores nos lleva a preguntarnos si la falla está en los ministerios
públicos que no consignan correctamente, por no reunir pruebas suficientes para
sustentar una acusación, o en algunos jueces que no les preocupa el fondo del
asunto solo ven solo las formas.
Es necesario
capacitar y fortalecer más a los ministerios públicos, muchos de los cuales
poco hacen por integrar consignaciones bien fundamentadas, claves para que los
jueces puedan hacer justicia y no solo formalmente cumplir con la ley.
Hay casos en que
los jueces investigan, desechan y piden pruebas, como el de Florence Cassez,
pero en muchos otros toman la cómoda posición, muchas veces por motivos
políticos o económicos, de desechar consignaciones o declarar inocentes a criminales
a todas luces culpables, por supuesta falta de pruebas o violaciones
secundarias al procedimiento.
Estamos a favor
de un sistema de legalidad y de observancia de la ley, pero cuando criminales y
corruptos utilizan la misma ley para evadir sus crímenes, algo anda mal en
nuestro sistema de impartición de justicia.
Es necesario
fortalecer a los ministerios públicos, no sólo con mayores sueldos, sino con
mejores instrumentos y leyes para que hagan mejor su “chamba” y cambiar las reglas
del Poder Judicial para que algunos de sus miembros no pongan como excusa el
incumplimiento a formalidades de la ley para permitir que se cometan
injusticias, por poner la forma por arriba del fondo.
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