Revelan
irregularidades
María
Contreras
Tampico,
Tamps
Las irregularidades en que
incurrieron durante el supuesto adiestramiento a elementos de la Policía
Ministerial del Estado en Tamaulipas quedaron al descubierto luego que doce
elementos asignados al destacamento de la zona sur decidieron interponer el
recurso de amparo ante el Juzgado Noveno y Décimo de Distrito, para protegerse
luego de que fueron suspendidos de sus funciones y temen que los den de baja,
en un escenario que dicen está lleno de irregularidades.
Fue
Juan Jorge Olvera Reyes, abogado que tomó el caso, quien en entrevista reveló
que todo se derivó de la suspensión de funciones que les notificaron hace algunas
semanas, como consecuencia de los cambios que la Procuraduría General de
Justicia en el Estado viene haciendo en Tamaulipas.
"Les notificaron que serían
sometidos a un procedimiento de control y evaluación, para eso fueron remitidos
al estado de Durango a un campo militar y fueron tratados de manera irregular
en ese campo militar. No hubo un procedimiento adecuado en el Centro de
Evaluación y a la postre algunos elementos resultaron lesionados y los
regresaron algunos por condición física y otros por forma inadecuada en cuanto
a sobrepeso", expuso.
Refiere el abogado que después de
que regresaron su situación laboral está suspendida
aunque al principio sí siguieron cobrando su sueldo.
Hasta la fecha, agregó Olvera Reyes,
no les han dicho si están dados de baja o no, pero esta última quincena (30 de
junio de 2014) ya no recibieron su quincena, con lo que se presupone que tal
vez se les pretende dar de baja por no pasar ese procedimiento de control y
confianza.
"Pero ese procedimiento no fue
debidamente sustentado ni acorde a los parámetros de un elemento de la Policía
Ministerial, por lo que se promovió un amparo ante un juez federal y resultó
procedente conceder la suspensión provisional respecto a esa suspensión de sus
funciones", añadió el informante.
Juan Jorge Olvera informó que en el
Juzgado Noveno fueron interpuestos 6 amparos y otros tantos en el Juzgado
Décimo, de los cuales seis ya resultaron procedentes y solo están en espera de
que el Juzgado Noveno emita su resolución sobre los otros seis amparos.
"Esperemos que responda la PGJE
respecto al acto reclamado y en base a lo que respondan se tiene derecho a
aportar pruebas y el procedimiento de amparo y el juez federal determine si
concede o no la protección del amparo", agregó el litigante.
Planteó Olvera Reyes que los doce
elementos que acudieron a su despacho temen que mediante un procedimiento
ilegal sean dados de baja y dejó en claro que no se niegan a presentar esos
exámenes de control y confianza, sin embargo sí exigen que esas pruebas sean
las adecuadas y basadas en la legalidad.
"Temen que esa baja, de acuerdo
a los antecedentes que ya existen, no sea sustentada en un procedimiento
administrativo debidamente fundado y del cual resulte una resolución en la cual
se decide darlos de baja", enfatizó el entrevistado.
Cuestionado sobre las posibilidades
que hay en ese caso de lograr un resultado favorable para los agentes
ministeriales, Juan Jorge Olvera dijo: "Nosotros vemos este caso desde el
tema de la legalidad, que ellos tengan derecho a una audiencia en cuanto a la
forma en la que se les pretende suspender o dar de baja en sus funciones y el
motivo principal que creo que puede argumentar la Procuraduría de Justicia es
la no aprobación de ese procedimiento de control y confianza pero en su
desarrollo pienso que no está bien sustentado y no son adecuados los
procedimientos.
Reiteró que los agentes
ministeriales están dispuestos a que se les evalúe pero acorde a un programa y
acorde a las funciones que desempeñan.
RECIBIERON TRATO
INHUMANO Y DEGRADANTE EN EL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO
Sobre el trato que recibieron los
agentes ministeriales en el Centro de Adiestramiento ubicado en El Salto,
Pueblo Nuevo, Durango, Juan Jorge Olvera reveló que recibieron mal trato físico
y psicológico de parte de los elementos capacitadores.
Por principio de cuentas, dijo el
abogado, quienes iban a estar a cargo del curso eran elementos federales, sin
embargo al llegar al lugar estuvieron a cargo de militares.
"El trato en cuanto a cómo se
desarrolló su estancia en el lugar y la forma en que algunos compañeros -aun
sabiendo de su estado físico- fueron tratados y no permitieron ni siquiera el
auxilio de los demás", destacó.
Dijo el abogado que incurrieron en
una irregularidad pues no fue el trámite correcto a seguir por la PGJE, en base
a los convenios que han suscrito.
Con los amparos, dijo el informante,
lo que se pretende es que la procuraduría lleve a cabo otro procedimiento de
evaluación acorde a las funciones que desempeñan los elementos, en este caso
investigadores de la Policía Ministerial.
Por último y al ser cuestionado
sobre si incurre el gobierno en una irregularidad al no pagarles su quincena,
el abogado defensor dijo que el salario es un derecho constitucional, en el
caso de la procuraduría, si no notificó la suspensión de su pago, debe
resultarle a alguien responsabilidad por esa omisión, hasta en tanto no se le
notifique su cese o baja.
Los elementos ministeriales que
están buscando el amparo tienen 12, 14,15, 20 y hasta 25 años de antigüedad.
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