Una de las percepciones políticas obsoletas es pensar que el Presidente ordena o les sugiere a los legisladores, ministros y gobernadores qué hacer o no hacer, como acontecía en el siglo pasado.
Esa percepción no sólo es fruto de la ignorancia de lo que sucede en el México actual, sino de una estrategia electoral de los partidos de oposición al del Presidente, con la finalidad de que todo lo negativo que sucede en el país sea atribuido únicamente al Presidente de la República, como si fuera el gran “tlatoani”, a semejanza de los presidentes del siglo pasado.
La pérdida de competitividad, la imposibilidad de mayores crecimientos y de crear más empleos, se la endosan al Presidente, siendo que los legisladores de oposición son quienes han obstaculizado los cambios para lograr más competitividad, crecimiento y empleos.
En el caso de la inseguridad, impunidad y asesinatos, que tienen disgustada a la sociedad, también por ignorancia o estrategia política, se le atribuyen únicamente al Presidente Calderón, siendo que la Constitución (Art. 21), deja claro que la seguridad es corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. La pasividad y no en pocos casos, complicidad de las autoridades estatales ha sido un factor fundamental en el crecimiento de los delitos en muchos estados, de los cuales el 90% son del orden común.
En este siglo empezó a funcionar en México una verdadera división de poderes, que no existía el siglo pasado y que todo analista serio y honesto toma en cuenta a la hora de señalar responsables de los males de México. Los gobernadores a partir del siglo XXI deciden sin consultar al Presidente, gastan y se endeudan sin la aprobación del Ejecutivo Federal ni del Congreso de la Unión.
Lo correcto es responsabilizar de sus éxitos y fallas a cada poder: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a cada nivel de gobierno. Y no por motivos políticos electorales, atribuirle todo lo negativo sólo al Presidente de la República, que cogobierna el país con el Legislativo, el Judicial y los gobernadores.
Luis Pazos
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