La guerra ¿de Calderón?

Luis Pazos



           La violencia criminal no la inicia Calderón, sino los enfrentamientos entre bandas criminales, cuyos miembros aportan más del 90% de los muertos. Y aunque esa proporción puede ser consuelo para muchos, las autoridades no deben permanecer como espectadores ante pugnas que salpican a los ciudadanos pacíficos, a quienes victimizan y les causan temor. La impunidad con que operaron los delincuentes en diversos estados y municipios por muchos años, los llevó a que no solo se dedicaran al narcotráfico, también a la extorsión, a la amenaza, al robo, al secuestro, al asesinato, a dañar propiedades y a la trata de personas, entre otros ilícitos, la mayoría del orden común.  

          Varios gobiernos estatales, por cuestiones partidistas o de complicidad de algunos de sus funcionarios con las bandas, “nadaron de a muertito”, lo que obligó al Gobierno Federal a involucrarse cada vez más para restablecer el orden y la seguridad en muchas zonas del país. El combate a la delincuencia es un deber de todos los poderes y niveles de Gobierno: Ejecutivo Federal, Poder Judicial, poder legislativo, gobernadores y presidentes municipales.

          Hablar de la guerra de Calderón es una estrategia electoral de la oposición política al Presidente. La mayoría de las críticas a la participación del ejército, la marina y la policía federal, no proponen alternativas reales ni soluciones. Y varios de los gobernadores y presidentes municipales donde las fuerzas federales les están haciendo la “chamba”, ni las gracias dan, pues piensan que esa lucha es responsabilidad exclusiva del Presidente Calderón o que darle crédito al gobierno federal les restará votos a sus partidos en las próximas elecciones.

          Ni la guerra ni los muertos son de Calderón, como lo afirman quienes usan esos términos, pasando por alto que la Constitución señala claramente en los Arts. 21 y 115, que la seguridad pública en el país es responsabilidad de los tres órdenes de Gobierno.