Luis Alberto Pazos de la Torre |
PRI, POR FISCAL PROCORRUPCIÓN
El Sistema
Nacional Anticorrupción se puede volver un instrumento que garantice la
impunidad de todos los altos funcionarios del actual sexenio, si el PRI logra
su objetivo de imponer un fiscal “a modo”, que sea teóricamente el responsable
de combatir la corrupción en los próximos nueve años. Tiempo suficiente para
que prescriban los actuales delitos relacionados con la corrupción.
La presión para que el Procurador
General de la República, propuesto por el Presidente y miembro del PRI, ocupe
el cargo de fiscal anticorrupción es una de las causas que atrasa su
nombramiento.
Desde hace años la PGR es un
obstáculo para investigar la corrupción. El titular de la Auditoría Superior de
la Federación, Juan Manuel Portal, señaló que la PGR ha desperdiciado los datos
puestos a su disposición para investigar a funcionarios corruptos. De cada 100
expedientes turnados a la PGR, en los que se aportan datos para tipificar
delitos de corrupción de funcionarios públicos, solo el 3% son consignados a
jueces. El 97% duerme en los archivos de la PGR. Ver gráfico en pág. 85 del
libro EPN: El Retroceso.
Solo en las investigaciones al
exgobernador panista de Sonora la PGR y el SAT brindaron toda su pronta ayuda
para tipificar y consignar a ese gobernador.
En el caso de los gobernadores
corruptos priistas son las autoridades estatales, que pertenecen a otro
partido, las que acusaron inicialmente a los “gobers” corruptos, más la presión
de medios de comunicación e investigaciones en otros países, las que obligaron
a medio actuar a la PGR. La pasiva y tardía participación de la PGR para
investigar actos corruptos de funcionarios priistas, son ejemplos de lo que
pasaría si el PRI-gobierno designa un fiscal tapadera de la corrupción a su
conveniencia.
La mejor alternativa es nombrar el
fiscal anticorrupción hasta que entre en funciones el próximo ejecutivo y
legislativo federal. Así hay mayores posibilidades de que nombren a un fiscal verdaderamente
independiente para encabezar la lucha contra la corrupción. Sino tendremos un
fiscal que encripte y reserve las investigaciones contra los corruptos los
próximos nueve años, como pasa actualmente.
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