Hay la percepción entre muchos ciudadanos que en los dos sexenios en los que el PAN ha estado a cargo del Ejecutivo no se ha logrado encarcelar a ningún pez gordo inmiscuido en actos de corrupción.
Hay varias razones para que eso suceda. En el derecho mexicano no basta con grabar un video o tomar fotos de maletines con dinero, sin que nadie dé una explicación creíble de su origen. Esas pruebas deben presentarse ante el Ministerio Público, éste las debe considerar suficientes y consignarlas a un juez, quien las debe considerar válidas para castigar a los responsables y después esa sentencia resistir apelaciones y amparos.
En 2002 se presentaron pruebas del desvío de más de 1600 millones de pesos de PEMEX, vía el sindicato de esa paraestatal, al PRI para usarlos en la campaña de su candidato presidencial; sin embargo, a través de argucias legales y “chicanas”, ninguno de los líderes del sindicato y directivos de PEMEX fue sancionado. Después de ocho años con un expediente del PEMEXGATE abierto, el Poder Judicial declaró “prescrita y extinguida la acción penal”. (Véase páginas 100 y 101 del libro Los ricos del gobierno).
En el caso del enriquecimiento de funcionarios y de la falsificación de documentos para contratar deuda en el estado de Coahuila, las mismas autoridades estatales competentes para investigar ese ilícito (Auditoría Superior del Estado) ordenaron reservar por ocho años como “confidenciales” documentos que ayudarían a probar ese acto de corrupción.
Varios participantes en actos de corrupción, aludiendo violaciones a formalismos legales en su consignación, han logrado que los jueces los absuelvan o archiven sus procesos. Algunos partidos, beneficiarios de esa corrupción, defienden a sus miembros corruptos, acusando a los acusadores de “politizar la justicia” o de “campañas negras”.
El hecho es que por una u otra causa, muchos corruptos en México gozan de impunidad, pues las autoridades ministeriales y judiciales no han podido o querido castigar a los ricos del gobierno
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