Politizar la lucha contra el crimen implica que a varios políticos y partidos no les interesa ganar esa lucha, sino buscar votos a su costa. Ha sido tal la politización, que se ha puesto en duda hasta las funciones más elementales de un gobierno civilizado, que es mantener la paz, el Estado de Derecho, detener y castigar a quienes violen la ley.
Para responsabilizar ante la ciudadanía al partido que gobierna a nivel federal, con miras a la elección del 2012, algunos partidos de oposición se cruzaron de brazos ante el crimen en los estados donde gobiernan.
Esa posición da dividendos, pues para muchos mexicanos todavía el Presidente de la República decide, como en el siglo pasado, quiénes van a ser gobernadores, diputados y alcaldes, y les dice a los jueces cómo deben impartir justicia y, por lo tanto, el Presidente es, bajo esa visión obsoleta, el único responsable de lo que pasa en todo el país.
La mayoría de delitos que se cometen a lo largo y ancho de la República son del fuero común, es decir, responsabilidad de gobernadores y alcaldes, quienes tienen a su disposición más policías que todos los elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal juntos.
En muchos estados y municipios los recursos para seguridad no se ejercen totalmente y muchos de sus policías, más que combatir al crimen, se convirtieron en los llamados “halcones”, que les avisan a los criminales de los movimientos del Ejército y la Marina.
A pesar de ser el Gobierno Federal el que ha detenido a más criminales, los partidos de oposición bajo una óptica de llegar o regresar a la presidencia en el 2012, además de permitir la proliferación del crimen organizado donde gobiernan, se han dedicado a criticar la lucha contra el crimen sin proponer soluciones.
Además, en el Congreso esos partidos han obstaculizado la aprobación de iniciativas para combatirlo con mayor eficiencia. Es difícil vencer la inseguridad, cuando hay partidos y niveles de gobierno que le apuestan a que continúe para ganar elecciones.
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