Gobierno del Estado de Quintana Roo
Unidad del Vocero
Boletín 2320
Septiembre 27 2011
Cancún, Q Roo
*Se dará certeza jurídica sobre la posesión de la tierra o del patrimonio de miles de familias quintanarroenses
*Con esto se facilitará la prestación de los servicios básicos de salud, educación, pavimentación, electrificación, alumbrado y agua potable, que de manera piloto ya se presta en El Milagro y La Esperanza
*La urbanización y alumbrado traerán beneficios adicionales, como la entrada del servicio de transporte público y, por ende, mayor seguridad
*En los asentamientos que se formaron mediante la invasión se buscarán acuerdos con los propietarios de la tierra o se reubicará a las personas que los habitan, dice el director del Infovir
*La regularización abarcaría hasta tres mil hectáreas en todo el Estado, de las cuales alrededor 860 están en Benito Juárez, donde habría unas 160 mil personas sin certeza jurídica
*El convenio suscrito hoy permitirá, además, que los municipios cuenten con reservas territoriales para regular su crecimiento
CANCUN, Quintana Roo
A fin de brindar certeza jurídica en la posesión de su patrimonio o sobre la tenencia de la tierra a miles de familias quintanarroenses, el gobernador Roberto Borge Angulo y el director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), Francisco García Cabeza de Vaca, firmaron hoy un Convenio de Coordinación con el que se pone en marcha el procedimiento para ordenar los asentamientos humanos irregulares en la entidad.
Con en histórico acuerdo, firmado en la Casa de Gobierno de esta ciudad, ante diputados y presidentes municipales, se facilitará la prestación de los servicios básicos de salud, educación, pavimentación, electrificación, alumbrado y agua potable —que de manera piloto ya se presta en El Milagro y La Esperanza— entre otros, a quienes habitan en esas zonas, a fin de cumplir con lo que establece el eje Quintana Roo Solidario del Plan Quintana Roo.
Además, la urbanización y alumbrado traerán consigo beneficios adicionales, como la entrada del servicio de transporte público a esas colonias y, por ende, mayor seguridad para sus habitantes; mejorará la calidad de vida y se podrán prevenir problemas sociales como la formación de cinturones de miseria y el hacinamiento que atentan contra la dignidad de las personas. Además, se evitarán problemas de salud pública y contaminación, principalmente del manto freático.
—Con esto vamos a saldar una deuda de los gobiernos con la sociedad —subrayó el jefe del Ejecutivo.
El convenio establece mecanismos para regularizar 14 mil predios que abarcan entre 2 mil 500 y 3 mil hectáreas en todo el Estado, de las cuales, 860 están en Benito Juárez, y crear reservas territoriales para el crecimiento ordenado.
Según el Plan Quintana Roo 2011-2016, sólo en la Zona Norte están identificados 67 asentamientos irregulares en Cancún, a los que se suman 37 en la zona continental de Isla Mujeres, para un total de 104, en los que habitan más de 160 mil personas sin certeza jurídica en su patrimonio y con una baja calidad de vida.
El Gobernador, quien dijo que recientemente se detectaron 16 asentamientos irregulares nuevos en Benito Juárez, comentó que en muchos casos no son propiamente invasiones, sino predios ejidales vendidos sin cubrir el procedimiento debido.
—La meta de mi gobierno es dar certidumbre jurídica a quienes habitan en esos asentamientos en cuanto a la tenencia de la tierra y que, mediante convenios con los municipios y dependencias federales, podamos llevarles servicios públicos de calidad y emprender obras para desarrollar y dignificar esas zonas —sostuvo.
Asimismo, dijo que con esto los municipios podrán adecuar los reglamentos de Desarrollo Urbano de acuerdo con las características de cada municipio para este tipo de predios y, sobre todo, evitar cinturones de pobreza y nuevas invasiones o la venta ilegal de predios, que prohíbe la ley.
En el documento, que también suscribieron el secretario de Desarrollo Urbano, Mauricio Rodríguez Marrufo; el delegado de la Corett, Carlos Alberto Rodríguez Ondarza, y el director del Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad (Infovir), Pedro Flota Alcocer, se establece el compromiso de las dependencias para conjuntar acciones en la elaboración y ejecución de estudios y propuestas que definan los mecanismos para el programa de regularización.
Flota Alcocer explicó que con esto se pondrá en marcha un censo que abarcará todo el Estado para identificar asentamientos invadidos o vendidos en forma irregular, el cual comenzará en Benito Juárez y concluirá en Othón P. Blanco.
—Es importante tener claro que hay asentamientos que se formaron mediante la invasión, de modo que habrá que buscar un acuerdo con los propietarios de la tierra o reubicar a las personas que los habitan —manifestó—. Otro es el caso de los ejidatarios que vendieron de manera irregular, donde no hubo despojo, sino que simplemente no se cumplió el procedimiento para la venta.
En su intervención, el director nacional de la Corett, Francisco García Cabeza de Vaca, felicitó al Gobernador por fomentar, junto con los desarrolladores, prácticas turísticas sustentables, lo que ha valido a Quintana Roo el reconocimiento internacional de la Organización Mundial de Turismo (OMT) por su compromiso con la conservación y mejoramiento del medio ambiente. Destacó que esta firma representa la suma de esfuerzos de todos los órdenes de gobierno.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano, Mauricio Rodríguez Marrufo, reconoció el respaldo de la Corett y reafirmó que con este convenio el Gobierno del Estado da un paso importante para consolidar el proceso de ordenamiento territorial y la regularización de la tenencia de la tierra, esfuerzos que coadyuvarán al compromiso del Gobernador de propiciar una mejor calidad de vida para la población.
Atestiguaron el acto los presidentes municipales Edith Mendoza Pino y Hugo Sánchez Montalvo, de Tulum e Isla Mujeres, respectivamente; Francisco Flota Medrano, presidente del Concejo de Bacalar; Jorge Aguilar Osorio, secretario de Obras y Servicios Públicos de Benito Juárez, quien asistió en representación del presidente municipal Julián Ricalde Magaña; los diputados Paúl Carrillo de Cáceres, Juan Carlos Pereyra Escudero, de la comisión de Desarrollo Urbano de la XIII Legislatura; Yolanda Garmendia y Gabriela Medrano, así como la delegada de la Sedesol, Mercedes Hernández Rojas.
