México, D.F.
26 de
Noviembre de 2015.
La iniciativa contempla imponer
penas a quien instale en bienes públicos y opere cámaras de videovigilancia
utilizadas por las organizaciones criminales, así como para quien destruya las
càmaras instaladas por el gobierno.
El Senador por Tamaulipas, Francisco García Cabeza presentó a nombre del
Grupo Parlamentario del PAN una iniciativa para que se expida la Ley General de
Videovigilancia luego del uso indebido y excesivo que la delincuencia
organizada ha hecho de las videocámaras para vigilar en distintos estados y
municipios del país los movimientos principalmente de las fuerzas federales,
pero también de la ciudadanía en general.
El senador García Cabeza de Vaca, presidente de la Comisión de Defensa
Nacional y Secretario de la Comisión de Marina, dijo que es necesario
establecer las directrices normativas para la regulación de los sistemas de
videovigilancia, a fin de evitar que se conviertan en un factor de riesgo, en
caso de infiltrarse el crimen organizado o si la delincuencia opera un sistema
propio para delinquir, como ha ocurrido en Tamaulipas.
“En ciudades como Reynosa, Rio Bravo y Ciudad Victoria se desmontaron diversas
videocámaras que habían sido instaladas y eran operadas por la delincuencia
organizada con la finalidad de tener vigilado los movimientos de las fuerzas
federales y de la ciudadanía en general”, explicó Francisco García Cabeza de
Vaca.
“El crimen utiliza tecnología de punta que le da gran capacidad de
monitoreo y control y el alto grado de infiltración de las organizaciones
delictivas en los gobiernos locales; y el altísimo nivel de corrupción de las mismas
autoridades” manifestó en tribuna el senador.
La iniciativa estipula imponer penalidades a quien instale para la
delincuencia las videocámaras en bienes del dominio público, así como a quien destruyan
las cámaras de seguridad instaladas oficialmente por el gobierno.
“Al que instale, utilice y opere videocámaras en bienes del dominio
público, sin la autorización o aviso correspondiente y para cualquier fin, se
le impondrá pena de 4 a 10 años de prisión inconmutable y multa de 1,000 días
de salario mínimo general vigente”. Establece la propuesta del senador
tamaulipeco.
Esta pena también aplica a quien manipule o destruya las cámaras de
seguridad y sus accesorios para evitar la captación de imágenes y sonidos en la
zona de cobertura del gobierno.
Cabeza de Vaca, explicó que actualmente sólo hay 6 entidades federativas cuentan
con regulación de la videovigilancia; Aguascalientes, Baja California Sur,
Colima y Durango el Distrito Federal. El resto de las 27 entidades de la
República no tienen leyes en la materia.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y discusión.
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