miércoles, 19 de marzo de 2014

Suman esfuerzos Congreso local, Gobierno del Estado y Federación para combatir y sancionar la trata de personas

El Gobernador Egidio Torre Cantú, presentó la Iniciativa que propone homologar esa Ley con la General y la cual plantea la protección a los ofendidos y testigos, además la creación de un fondo para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, cuyo dictamen fue aprobado este miércoles por el Congreso del Estado.



El Pleno Legislativo de Tamaulipas, aprobó tres Dictámenes, entre los que figura el referente a la trata de personas, en virtud de que es necesario homologar algunas leyes derogando los artículos relativos a la tipificación del delito por ser competencia federal y al mismo tiempo establecer la competencia local para conocer de este ilícito.
           En el marco de la sesión ordinaria, la Presidenta de la Comisión de Justicia, Aida Zulema Flores Peña, dio lectura al Dictamen derivado de la Iniciativa promovida por el Gobernador Egidio Torre Cantú, que propone homologar la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado con la Ley General para Prevenir, Sancionar y  Erradicar los Delitos en esa materia y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos ilícitos, reformando y adicionando diversos dispositivos, así como derogando los artículos relativos a la tipificación del delito por ser competencia federal.
           Dijo que también se propone derogar el quinto párrafo del artículo 109 del Código de Procedimientos Penales que se refiere al delito de trata de personas, derogar el quinto párrafo del artículo 109, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas en el que se detallan los delitos considerados como graves, por virtud de que remite al delito de trata de personas, previsto en la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Tamaulipas,  mismo que necesariamente debe  derogarse.
           Asimismo, se plantea ampliar dentro de los dispositivos legales la protección a los ofendidos y testigos,  estimándose adecuado adicionar un Capítulo para establecer de manera pormenorizada dicha protección.
           La Diputada comentó que por lo que hace a la creación de un fondo para la protección y asistencia a las víctimas de los delitos que se mencionan, resulta adecuado establecer un capítulo en el que se asienten los mecanismos legales mediante los cuales se regule en forma detallada lo relativo a la obtención, distribución, administración y fiscalización de los recursos correspondientes.
           Mencionó que con la finalidad de brindar seguridad jurídica y proteger los derechos y garantías de los adolescentes, resultó atinente realizar las adecuaciones que se plantean a la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado en esta materia, en virtud de que las conductas tipificadas respecto a ésta, se encuentran contenidas ya en la ley general, por tanto es necesario su adecuación y remitir a las conductas establecidas expresamente en  el dispositivo legal general, a fin de evitar errores o confusiones en su aplicación.
           Flores Peña expresó que respecto a las modificaciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, son oportunas las adecuaciones referentes a la trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas, así como la creación de la Unidad Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas, la cual contará con Ministerios Públicos y policías especializados, recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su operación.
           Durante los trabajos legislativos de este miércoles,  se aprobó otro Dictamen que reforma la legislación local, con el fin de modificar diversas disposiciones legales para incorporar el término “discapacidad” a los textos legales que aún hacen referencia a términos lingüísticos discriminatorios para identificar a las personas que viven con una desventaja física, intelectual o sensorial, en razón de que se permite generar un trato respetuoso a las personas que se encuentran en esa condición.
           La acción legislativa coadyuva a mejorar las condiciones de vida de la población que cuenta con alguna discapacidad para desarrollarse socialmente, tomando en consideración que si se quiere contribuir a erradicar cualquier tipo de discriminación que menoscabe el derecho de las personas, debemos iniciar por las propias disposiciones normativas.
           Por su parte, la Diputada Patricia Guillermina Rivera Velázquez, presentó el Dictamen que tiene como propósito homologar el contenido de los ordenamientos locales, con lo dispuesto en  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con diversas leyes federales, sustituyendo la palabra “readaptación” por la expresión de “reinserción”, así como de los “Centros de Readaptación Social”, por “Centros de Ejecución de Sanciones”, en primer término, el cual fue aprobado en la sesión.
           Con lo anterior se da concordancia a los ordenamientos legales locales a la esfera federal, proveyendo así de seguridad jurídica a la ciudadanía, es decir, se pretende que exista una relación exacta respecto a los términos objeto de las reformas planteadas entre la legislación federal y la local, logrando así una frecuencia normativa plena.
           La Mesa Directiva integrada por las Diputadas Ana María Herrera Guevara, Patricia Guillermina Rivera Velázquez e Irma Leticia Torres Silva, citó a sesión el próximo 25 de Marzo a partir de las 9:00 horas.







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