Mtro: Luis Pazos |
Los sindicatos son gremios cuyo objetivo en una sociedad democrática es representar y proteger los intereses de grupos de trabajadores. Su presencia como grupo intermedio es tan válida y necesaria como la de los gremios patronales, de comerciantes o industriales.
Pero cuando un sindicato acumula privilegios a cambio de componendas políticas y en lugar de proteger a los trabajadores los utiliza, les vende plazas y se constituye en un monopolio de mano de obra, el único canal para trabajar en una dependencia o empresa, se convierte en un gremio antisocial, equivalente a un cartel o mafia.
En México el poder de los grandes sindicatos no deriva del número de miembros, sino de los cuantiosos recursos que reciben del gobierno y que manejan sin ninguna transparencia ni rendición de cuentas.
De una población económicamente activa de 49 millones, más del 90%, trabajan sin sindicatos, y menos del 10% son sindicalizados. Y de este 10% menos de la mitad son controlados por grandes sindicatos, cuyos líderes se enriquecen y compran impunidad en el Congreso con el dinero que reciben del gobierno. Esa minoría organizada de líderes tiene secuestrado al Congreso de México y han dictado la política laboral del país.
A esa minoría de líderes sindicales las leyes les permiten hacer y deshacer con las cuotas de los trabajadores y el dinero que reciben del fisco. Ese añejo grupo son quienes bloquean las reformas estructurales para seguir disponiendo de miles de millones sin la obligación de transparentar y rendir cuentas del dinero de los impuestos que reciben a través de dependencias gubernamentales, de las empresas estatales y de grandes empresas.
Los legisladores no pueden pedir a los ciudadanos que paguen cabalmente los impuestos, cuando no son capaces de requerirle por ley a un pequeño, pero rico, grupo de líderes sindicales que transparenten y den cuenta del dinero que reciben de nuestros impuestos y de los trabajadores.
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