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| Luis Pazos |
Mientras la mayoría de los mexicanos no recibe pensión alguna por parte
del gobierno, hay una minoría de trabajadores de empresas y dependencias
estatales que gozan de pensiones prematuras y privilegiadas.
Mientras la mayoría de los mexicanos no
recibe pensión alguna por parte del gobierno, hay una minoría de trabajadores
de empresas y dependencias estatales que gozan de pensiones prematuras y privilegiadas.
La mayoría de esas pensiones son producto de obscuras, irresponsables y
corruptas negociaciones entre funcionarios y líderes sindicales, quienes por
décadas han intercambiado privilegios a sindicalizados por apoyos políticos
electorales al partido de los funcionarios que otorgan esas prebendas.
Quienes consideran el producto de esas corruptas negociaciones “derechos
adquiridos” intocables, pasan por alto el principio lógico-jurídico que no
puede surgir un derecho donde originalmente no había ningún derecho, sólo
contubernio entre líderes y funcionarios corruptos.
Ejemplos de esas pensiones corruptas son muchas de las que paga Pemex,
CFE y el IMSS, entre otras dependencias. Una de las principales causas de la
quiebra de Pemex, cuyos pasivos son mayores a sus activos, son la entrega de
pensiones a trabajadores retirados que pesan más que el pago de su nómina.
Ese pasivo laboral es impagable con los recursos de Pemex y tendrá que
fondearse con dinero de impuestos, que indirectamente cubren millones de
mexicanos de clase media y humilde, que enteran impuestos al pagar ISR, IVA o
el IEPS a la gasolina, pero no reciben ni un quinto de pensión del gobierno
cuando cumplen 65 años, mientras muchos de los privilegiados del sector
público, desde los 55 años o menos están recibiendo su salario completo sin
trabajar.
Esa injusticia, fruto de componendas ilegales, no debe perpetuarse con
el mito de “derechos adquiridos” pues, como ya dijimos, no puede surgir un
derecho de un acto estructuralmente injusto al que no tenían derecho.
Millones de mexicanos no reciben pensión alguna, otros millones las
obtienen derivadas de sus cotizaciones o de su afore, varias veces menores a
las que reciben una minoría de privilegiados de empresas y dependencias
estatales, cubiertas con aumentos de impuestos, a la luz o gasolinazos.
Ningún juez con razón, dignidad y estudios de filosofía del derecho,
puede argüir razones para mantener vigentes esos abusos, fraudes o robos, con
la excusa que la ley los protege y son “derechos adquiridos”.
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